Habría que admitir que las relaciones de clase en Argentina están signadas por una serie de aditamentos inherentes a la derrota cultural que contaminan la comprensión de los distintos actores de la comunidad.
El prejuicio pequeño-burgués, que habitualmente funciona intoxicado por los comunicadores del establishment económico, suele conjeturar erróneamente sobre las formas y metodologías de organización de las clases populares en nuestro país.
De allí la presunción, por ejemplo, de prácticas clientelares y autoritarias en el seno de las organizaciones libres del pueblo.
A partir de allí es que quiero ayudar a mucha gente bien intencionada de estos sectores a reflexionar sobre, por ejemplo, un tema tan álgido como el control y la administración de los planes sociales, que datan desde épocas del duhaldismo, cuyo contexto era un país en llamas, signado por la devastación social y la explosión de todos los indicadores de desarrollo humano.
Lo primero que hay que consignar es que una de las características del empleo en la Argentina es la informalidad, caracterizada por la precariedad legal y la transitoriedad en lo temporal. Aunque el actual gobierno triunfe en su pelea contra el trabajo en negro, debemos declarar el fin de la idea del trabajo para toda la vida, en un mismo lugar, como el que vivieron buena parte de nuestros padres y abuelos en el pasado.
Hoy, entre el 60 y el 70% de la clase obrera está afuera de la CGT y de la CTA porque es víctima de las bajas calidades del trabajo en la Argentina.
Los movimientos sociales apuntan a organizar en el marco de la Central de Movimientos Populares (CMP) a ese 70% de la clase obrera que es víctima de la economía informal. En los movimientos sociales hoy no sólo están los beneficiarios de los programas PEC o Trabajar, sino que además conviven con miles de trabajadores de cooperativas de viviendas y de obras públicas, con alfabetizadores, promotores de derechos sociales y culturales, agentes de programas de prevención y trabajadores precarizados, provenientes de distintos rubros de la economía. Todos estos actores le dan a la CMP una conciencia y una identidad de clase que deviene en una metodología de funcionamiento dignificante y democratizadora.
Es inadmisible en los códigos internos de los movimientos que alguien pueda llevar a patadas en el traste a los compañeros sin pasar por los acuerdos y explicaciones necesarios que emanan de la asamblea de base. Una iniciativa política sólo es legalizada y legitimada en un proceso de discusión dialéctico que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, rescatando las viejas prácticas aportadas a nuestro movimiento obrero por el anarquismo sindical de fines del siglo 19 y principios del 20. Democracia directa y abierta con participación protagónica de todos nuestros compañeros.
Por eso nos agravia y nos ofende de manera grave cuando desde los multimedios del poder económico se estimula el prejuicio pequeño-burgués de cierta clase media, que cree, como Fernando Peña, que los pobres son negros de mierda descerebrados, que pueden ser llevados a cualquier movilización por 150 pesos, lo que constituye una cavernícola e inadmisible subestimación.
Cualquiera que conozca la práctica interna de nuestra organización sabe perfectamente mi prédica permanente e incesante contra el clientelismo autoritario, y mi convocatoria permanente a denunciar a los dirigentes sociales cuando intentan transformarse en capataces egipcios.
Somos nosotros quienes hemos denunciado a lo largo de 8 años, en sede penal, a más de 30 dirigentes sociales por coimas y corrupción. Y nos alegró mucho que, a pesar de que los medios, sobre todo los televisivos, insistieron en indagar a numerosos compañeros, el 7 de mayo se encontraron con compañeros conscientes, que sabían claramente por qué marchaban, dado que ellos habían sido protagonistas excluyentes de la decisión de marchar.
Reivindicamos para la Central de Movimientos Populares (CMP) las personerías jurídica y gremial, y todos los atributos legales y de derechos que asisten al resto de la clase trabajadora argentina.
Es bueno señalar que hoy cada beneficiario tiene una tarjeta de débito tanto para el plan como para los alimentos, y que las organizaciones, a pesar de tener altos costos administrativos, no reciben un solo peso del Estado nacional.
Es llamativo que estos prejuicios pequeño-burgueses encuentren eco en una clase media con una larga tradición de indiferencia ante los graves problemas sociales y que siempre ve la paja ajena de los pobres y nunca la enorme viga del individualismo y la xenofobia que tiene en sus propios ojos. Guardan silencio ante los sueldos descomunales de Magdalena Ruiz Giuñazú, Nelson Castro, Ernesto Tenembaum, Santos Biasatti, Alfredo Leuco, a los cuales, los grupos económicos les pagan entre 200 y 300 mil pesos por mes; o juegan al lado de los patrones del campo, que han facturado en los últimos años 20 mil millones de dólares por año; o guardan silencio ante los enormes privilegios económicos del grupo Clarín en épocas de Menem y de Duhalde. Pero les brotan los pelos de gorila y se ponen en afiebrados fiscales de la historia ante los 150 pesos insignificantes de un desocupado.
Por eso, como diría la fundadora de las políticas sociales en Argentina, "el que quiera oír, que oiga".
Luis Ángel D'Elía
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE TIERRA Y VIVIENDA (FTV)
SECRETARIO GENERAL DE LA CENTRAL DE MOVIMIENTOS POPULARES (CMP)
155- 409 7073
PRENSA
154 415 8283
Yahoo! Cocina
Recetas prácticas y comida saludable
http://ar.mujer.yahoo.com/cocina/
No hay comentarios:
Publicar un comentario